NDAA §889 Verificador de cumplimiento de la normativa sobre videovigilancia (2026): para proyectos federales de EE. UU.

El artículo 889 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional del ejercicio fiscal 2019 consta de dos partes operativas. La parte A —con entrada en vigor en agosto de 2019— prohíbe a los organismos federales adquirir equipos de telecomunicaciones y videovigilancia incluidos en el ámbito de aplicación. La parte B —con entrada en vigor en agosto de 2020— amplía la prohibición a los contratistas federales: un contratista no puede utilizar los equipos incluidos en el ámbito de aplicación en ninguna de sus operaciones durante la ejecución del contrato, independientemente de si dichos equipos están conectados a la red federal. La financiación a través de subvenciones y préstamos federales se considera un contrato federal a efectos del artículo 889.

Los proveedores afectados se enumeran en el artículo 889(f)(3): «Hikvision», «Dahua», «Huawei», «ZTE» y «Hytera», así como sus filiales, empresas asociadas y cualquier entidad que el Secretario de Defensa o el Director de Inteligencia Nacional consideren razonablemente que es propiedad de dichas entidades, está controlada por ellas o tiene algún otro tipo de vínculo con ellas. El ámbito de aplicación abarca los propios equipos, los componentes incluidos en otros equipos y los servicios prestados por dichos proveedores. El Consejo del FAR lo implementó mediante la cláusula 52.204-25 con una certificación paralela en 52.204-24.

Lo que esto significa para el integrador: cualquier proyecto de CCTV financiado con fondos federales debe comprobar que todas las cámaras IP, todos los servidores de vídeo (NVR), todos los codificadores y todos los accesorios de vídeo se ajustan a la lista del artículo 889. «Es una marca estadounidense» no es una justificación si la marca es una marca blanca en la plataforma de referencia de un proveedor incluido en la lista. El registro de auditoría debe ser por cámara, trazable y conservarse; las sanciones por incumplimiento incluyen la rescisión del contrato, la inhabilitación y la recuperación de los fondos desembolsados.

La huella de la financiación federal es más amplia de lo que la mayoría de los integradores creen. Los distritos escolares que utilizan subvenciones federales, los hospitales que reciben reembolsos de Medicare que provienen de fondos federales para la modernización de los sistemas de CCTV, los proyectos municipales respaldados por préstamos del HUD, los aeropuertos que se benefician de subvenciones de la FAA y los proyectos de seguridad pública financiados con subvenciones del DHS: todos ellos transmiten las obligaciones del artículo 889 a las partes posteriores de la cadena. «No somos un proyecto gubernamental» rara vez es la respuesta correcta cuando el dinero federal ha formado parte de la estructura de financiación.

Varios estados de EE. UU. han añadido sus propias prohibiciones. Florida, Georgia, Vermont, Luisiana y Texas han promulgado leyes que restringen el uso de equipos de videovigilancia de origen chino en proyectos del sector público, con un alcance más amplio que el del propio artículo 889. La marca por cámara de CCTVplanner es la base; los integradores que prestan servicios en estos estados también deben confirmar que la ley estatal se aplica a su contrato específico.

Y, en la práctica, el coste de un fallo en la auditoría es asimétrico. Una cámara que hoy cuesta 200 dólares menos puede suponerle a un contratista una inhabilitación de 5 millones de dólares o una reclamación de fondos que alcance los cientos de miles. La verificación de cada cámara es el seguro más barato que el proyecto podrá contratar jamás.